Carlos Poveda, abogado de Julian Assange, presentó este lunes en la Fiscalía General de Ecuador una denuncia por el presunto espionaje al activista durante el último año como asilado en la Embajada de Quito en Londres.
De acuerdo a Poveda, desde la sede diplomática donde estuvo el fundador de WikiLeaks desde junio de 2012 hasta el pasado 11 de abril, salió información relacionada con la vida privada de Assange.
"El Gobierno ecuatoriano siempre manifestaba que no había tal vigilancia, que simplemente eran situaciones de seguridad, pero entendemos que hubo cámaras, audios, videos, miles de documentos, fotografías y lo que más nos preocupa, inclusive, filtración de datos de la defensa legal", manifestó Poveda a la prensa.
Ese material fue enviado, entre otros, a Madrid (España), desde donde "un grupo de personas intentó vender y extorsionar" a Assange, a quien amenazaron con difundir la documentación, si no recibían "tres millones de euros", dijo el jurista.
En una entrevista a RT, Poveda manifestó que presuntamente "existe una organización" entre los españoles que intentaron extorsionar, el equipo de seguridad que vigilaba y controlaba el interior de la embajada, y servidores públicos de la misión diplomática ecuatoriana en el Reino Unido.
Además, el abogado informó sobre la "persistencia de incriminar en otros cargos al señor Assange y en donde podría aplicarse al condena de muerte" al estar involucrada la ley de espionaje militar.
Frente a este escenario, "todo lo que dijo el Gobierno ecuatoriano resulta un papel muerto, no garantiza absolutamente nada", refiriéndose a las notas diplomáticas en las que el Gobierno de Reino Unido confirma que el fundador de WikiLeaks no será extraditado a un país en el que pueda sufrir pena de muerte.
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Además, el abogado informó sobre la "persistencia de incriminar en otros cargos al señor Assange y en donde podría aplicarse al condena de muerte" al estar involucrada la ley de espionaje militar.
Frente a este escenario, "todo lo que dijo el Gobierno ecuatoriano resulta un papel muerto, no garantiza absolutamente nada", refiriéndose a las notas diplomáticas en las que el Gobierno de Reino Unido confirma que el fundador de WikiLeaks no será extraditado a un país en el que pueda sufrir pena de muerte.
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